Así, desde la entrada en vigor de la Ley del Patrimonio Histórico Español -que fija un porcentaje mínimo del 1%- se han financiado cerca de 1.500 actuaciones por un importe cercano a los 1.000 millones de euros [1]. Financiación que se concede mediante un sistema de ayudas públicas basado en los principios de concurrencia competitiva, transparencia y publicidad.
En el marco del nuevo acuerdo se han redefinido las finalidades a las que se podrán destinar los fondos provenientes de las obras públicas financiadas por Transportes:
1. Actuaciones de conservación, restauración, rehabilitación y consolidación de bienes inmuebles que estén declarados de interés cultural (BIC) o que gocen de la máxima protección equivalente en las diferentes denominaciones autonómicas.
2. Actuaciones propias sobre inmuebles afectos a MITMA con valor histórico, arquitectónico, cultural o social, preferiblemente del patrimonio edificado, ferroviario, marítimo-terrestre, puentes y obra pública; y a actuaciones sobre inmuebles del Ministerio de Cultura y Deporte con valor histórico, arquitectónico, cultural o social; preferiblemente declarados BIC.
3. Fomento de la creatividad artística o adquisición de obras de arte y diseño contemporáneo de autores vivos o encargos expresos a estos para la realización de obras.
