Lejos de la retórica grandilocuente, lo que se escuchó en la sala fue una mezcla de preocupación y determinación. El sector lleva años reclamando una rebaja fiscal que permita a galerías y artistas competir en igualdad de condiciones con sus homólogos europeos. No es una reivindicación nueva: desde la aprobación de la Directiva (UE) 2022/542, los Estados miembros tienen la posibilidad —y, en el caso de España, la obligación de trasponerla— de aplicar un tipo reducido de IVA a la venta de obras de arte. El plazo expiró a finales de 2024. Nada se ha modificado desde entonces.

La comparación con el entorno inmediato resulta difícil de obviar. Francia opera con un 5,5%; Italia, un 5%; Alemania, un 7%; Luxemburgo, un 8%; Bélgica, un 6%. España, en cambio, mantiene un tipo impositivo que duplica al de algunos de esos países. Esa diferencia, aparentemente técnica, se traduce en una pérdida real de competitividad y en una asfixia progresiva para quienes intentan sostener el ecosistema artístico contemporáneo: galerías que no pueden igualar precios en ferias internacionales, artistas que ven limitado su acceso a coleccionistas y proyectos que quedan relegados por motivos fiscales y no por criterios culturales.

Durante la presentación del manifiesto se insistió en que esta situación no afecta únicamente a la estructura económica del sector, sino también a su capacidad de generar patrimonio. Un país que grava el arte muy por encima de sus vecinos —advirtieron— compromete su propia memoria futura.

Entre los firmantes figuran artistas que han representado a España en la Bienal de Venecia —Ignasi Aballí, Sandra Gamarra, Miquel Barceló u Oriol Vilanova—, junto con premios nacionales y reconocidos creadores como Luis Gordillo, Marisa González, Francesc Torres o Pedro G. Romero. La diversidad y el peso de las firmas evidencian que no se trata de una demanda sectorial aislada, sino de un consenso transversal entre generaciones y prácticas muy distintas.

El mensaje central, no obstante, fue directo: mientras otros ámbitos creativos —música, escénicas, cine— cuentan ya con un IVA reducido en la comercialización de sus obras, las artes visuales continúan relegadas a un marco impositivo que las penaliza sistemáticamente. Esta desigualdad, señalaron, contradice cualquier intento de articular una política cultural coherente. Y, sobre todo, impide avanzar hacia la profesionalización plena del sector.

La rueda de prensa concluyó con un llamamiento explícito al Gobierno para que transponga sin más demora la directiva europea y adopte un tipo impositivo reducido que se acerque a los modelos ya vigentes en la Unión Europea. La petición incluye mantener la posibilidad del Régimen Especial, herramienta clave para la estabilidad de pequeñas y medianas galerías.

El manifiesto presentado no es únicamente un documento administrativo: es un recordatorio de la fragilidad del sistema artístico español y, a la vez, de su fortaleza colectiva. Allí, en el CBA, quedó claro que el sector no pide excepciones ni privilegios, sino la corrección de una anomalía que amenaza su continuidad. Que más de 900 voces —artistas, galeristas, profesionales— se unan para reclamar un IVA cultural revela cuánto está en juego: no solo el presente del arte contemporáneo en España, sino su capacidad de proyectarse hacia el futuro.

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