El galardón reconoce una intervención que ha combinado los conocimientos especializados de los conservadores-restauradores con la participación ciudadana y la colaboración institucional. Hasta la fecha, el proyecto ha permitido intervenir 235 bienes procedentes de 17 municipios, pertenecientes a tipologías tan diversas como documentos gráficos, pinturas, esculturas, cerámicas, textiles, instrumentos musicales y objetos etnográficos.
El jurado ha valorado especialmente sus aportaciones a la recuperación física de los bienes y de la memoria de las personas afectadas por la catástrofe, así como su contribución a la recuperación anímica de las comunidades. En su fallo destaca el carácter integral, colegiado y multidisciplinar de la respuesta organizada por ACRE, sustentada en criterios técnicos, éticos y humanitarios.
También ha subrayado que «su capacidad para desarrollar una metodología socialmente participativa y técnicamente innovadora, desde el rigor científico, puede servir de modelo para futuras actuaciones en comarcas afectadas por catástrofes en el marco del proceso de cambio climático».
La singularidad de Memorias y Patrimonios Personales reside, en buena medida, en su objeto de intervención. Frente a las actuaciones patrimoniales que habitualmente se concentran en monumentos, edificios históricos, archivos institucionales o colecciones artísticas, ACRE decidió dirigir sus esfuerzos hacia los bienes conservados en los hogares. Objetos que rara vez figuran en inventarios oficiales y que, pese a ello, poseen una importancia extraordinaria para quienes los han guardado durante años o recibido de generaciones anteriores.
Para la asociación el patrimonio cultural no se agota en aquellos bienes que cuentan con reconocimiento o protección legal. Existe otro, de carácter personal y familiar, que contribuye a construir la identidad de las personas y a mantener sus vínculos con el pasado.
Esta distinción entre patrimonio legal y patrimonio social ya figuraba entre las reflexiones que dieron origen al proyecto, presentado en diciembre de 2024. Sus responsables defendían la necesidad de establecer conexiones entre ambas concepciones, reconociendo el papel que desempeñan las pertenencias personales en la formación de la memoria colectiva.
En una emergencia de las dimensiones de la DANA, la pérdida de estos objetos añade una dimensión especialmente dolorosa a los daños materiales. Las fotografías que documentan la historia de una familia, los recuerdos de personas fallecidas o los testimonios de acontecimientos importantes pueden desaparecer sin posibilidad de sustitución.
Por ello, la intervención de los conservadores-restauradores adquirió también un sentido humano. ACRE se propuso contribuir a aliviar las consecuencias emocionales de la catástrofe mediante la recuperación de aquellas pertenencias que todavía podían salvarse.
La propia asociación ha insistido, tras conocerse el premio, en que estos patrimonios domésticos no siempre encuentran su lugar en las políticas públicas ni en los dispositivos de respuesta ante las emergencias. Su experiencia en Valencia plantea, por tanto, la conveniencia de ampliar los criterios con los que se identifica y protege el patrimonio cultural.
El proyecto comenzó a tomar forma en las semanas posteriores a la catástrofe. ACRE activó sus mecanismos de coordinación profesional para organizar una intervención específica que respondiera a las necesidades detectadas en los municipios afectados.
El proyecto contó con una subvención directa de 300.000 euros del Ministerio de Cultura, contemplada en el Real Decreto-ley 8/2024, de 28 de noviembre, dentro de las medidas destinadas a la recuperación del sector cultural tras la DANA. Esta financiación permitió establecer las bases de un programa de asesoramiento, recuperación y salvaguarda de bienes culturales.
Desde su planteamiento inicial, ACRE fue consciente de que los recursos disponibles resultarían insuficientes para atender todas las necesidades. De ahí que diseñara una estructura de trabajo abierta a la colaboración de profesionales, instituciones, entidades sociales y voluntarios.
El programa se articuló en torno a cinco grandes líneas de actuación. La primera consistía en conocer las necesidades reales sobre el terreno e identificar a los agentes que ya estaban trabajando en las zonas afectadas. A partir de ese diagnóstico se planteó la coordinación con iniciativas existentes, el apoyo a los profesionales locales, la búsqueda de financiación complementaria y la organización de las intervenciones de conservación-restauración.
La planificación concedía especial importancia al rigor técnico. Los bienes debían seleccionarse mediante criterios objetivos que atendieran a su valor histórico, artístico, documental o social, así como a su estado de conservación y al riesgo de pérdida. Cada intervención requería protocolos adaptados a las características de la pieza.
También se contemplaba el seguimiento de todo el proceso, desde la recogida y el transporte de los objetos hasta su tratamiento y posterior devolución a sus propietarios. El propósito era garantizar que las actuaciones, incluso cuando se desarrollaran con participación voluntaria, quedaran bajo supervisión profesional.
El proyecto incorporó, además, medidas destinadas a respaldar a los talleres de conservación-restauración de las zonas afectadas, mediante asesoramiento, colaboración técnica y fórmulas de cofinanciación. De esta manera, la recuperación de los bienes personales se vinculaba con el apoyo a una actividad profesional que también había sufrido las consecuencias de la catástrofe.
Trabajar en común
La dimensión colectiva ha sido otro de los aspectos determinantes del reconocimiento. ACRE consiguió articular una respuesta basada en la cooperación entre especialistas, administraciones, instituciones académicas, asociaciones y ciudadanía.
En su nota de agradecimiento, difundida tras conocerse el fallo, la entidad dedica una mención especial a las familias que confiaron sus pertenencias a los profesionales encargados de recuperarlas. Reconoce igualmente el trabajo de las autoridades que facilitaron las gestiones, de los conservadores-restauradores que ofrecieron su colaboración y del equipo local responsable de coordinar las actuaciones.
La asociación recuerda asimismo otras iniciativas desarrolladas tras la DANA, particularmente Salvem les fotos, dedicada a la recuperación de fotografías dañadas, y los trabajos coordinados por el Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació (IVCR+i).
La relación con Salvem les fotos ya estaba prevista en la planificación original de Memorias y Patrimonios Personales, que contemplaba la incorporación de profesionales a sus talleres y la coordinación con los equipos que habían comenzado a trabajar inmediatamente después de las inundaciones.
La experiencia ha puesto de manifiesto la capacidad de las asociaciones profesionales para movilizar especialistas y organizar actuaciones en situaciones que desbordan los mecanismos habituales de protección patrimonial.
En este sentido, ACRE considera que el reconocimiento del Ministerio de Cultura respalda la necesidad de contar con estructuras profesionales preparadas para intervenir ante catástrofes y capaces de colaborar con las administraciones y las comunidades afectadas.
Modelo para catástrofes
El Premio Nacional distingue igualmente las posibilidades de aplicar esta experiencia a otras situaciones de emergencia. El jurado ha destacado la metodología participativa y la innovación técnica del proyecto, así como su voluntad de compartir los conocimientos adquiridos mediante conferencias, publicaciones y exposiciones.
Esta vocación de transferencia estaba presente desde el diseño de la iniciativa. Entre sus objetivos figuraban la elaboración de protocolos de intervención, la documentación de los trabajos realizados y la difusión de los resultados, con la intención de facilitar su aprovechamiento por otros profesionales e instituciones.
La prevención constituía otra de las preocupaciones de sus promotores. La experiencia de Valencia debía servir para reflexionar sobre la protección del patrimonio personal ante futuros desastres y sobre la necesidad de incorporar estos bienes a los planes de gestión de riesgos.
ACRE vincula esta concepción del patrimonio con los principios del Convenio de Faro del Consejo de Europa, que concede especial relevancia a los valores atribuidos por las personas a los bienes culturales, a su participación en la vida cultural y a la responsabilidad compartida en su conservación.
Desde esta perspectiva, el patrimonio no queda definido exclusivamente por su antigüedad, singularidad artística o reconocimiento institucional. Su significado depende igualmente de las relaciones que las personas y las comunidades establecen con él.
La asociación sostiene que la atención a los bienes domésticos debería incorporarse de manera estable a las políticas de prevención, respuesta y recuperación ante catástrofes, en lugar de depender únicamente de iniciativas extraordinarias surgidas después de cada emergencia.
El reconocimiento a Memorias y Patrimonios Personales se produce casi dos años después de la DANA y un año después de que ACRE difundiera un primer balance de la experiencia, en el que agradecía la colaboración de los profesionales, las instituciones valencianas y las familias participantes.
En aquella comunicación, la entidad expresaba su convicción de que las tareas de recuperación del patrimonio material de las familias podían haber tenido un efecto reparador significativo entre quienes habían sufrido graves pérdidas.
El Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes Culturales, que en 2025 distinguió la recuperación del frontón Beti Jai de Madrid, reconoce ahora una actuación de naturaleza muy diferente. En esta ocasión, el protagonismo corresponde a bienes modestos, dispersos entre numerosos hogares y vinculados a historias personales que difícilmente habrían encontrado cabida en los procedimientos tradicionales de protección patrimonial.
La recuperación de esos 235 objetos constituye el resultado tangible de una intervención cuyo alcance se extiende a las familias que los conservaron y a las comunidades a las que pertenecen. Detrás de cada pieza recuperada permanece una historia que las inundaciones estuvieron a punto de borrar.
Premio, dotación y jurado
El Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes Culturales 2026 está dotado con 30.000 euros. Su jurado ha estado presidido por Ángeles Albert, directora general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, y ha actuado como vicepresidente Fernando Sáez Lara, subdirector general del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE).
Han formado parte del jurado, en calidad de vocales, las siguientes personas.
– María Domingo, subdirectora general de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de Madrid, en representación del proyecto de recuperación del frontón Beti Jai, Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes Culturales 2025.
– José Antonio Padrón, vocal de la Junta Directiva del Comité Nacional de España de ICOMOS.
– Elena Aguado, profesora de la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Madrid.
– M.ª Eugenia del Río, secretaria de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.
– Cristina González Gaya, catedrática de Ingeniería de la Construcción de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
– Ángel Luis de Sousa, presidente de la Fundación Fernando Higueras.
– Juan José Primo, director general del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
– Felipe Criado-Boado, profesor de investigación del Instituto de Ciencias del Patrimonio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
– Teresa Espejo, catedrática del Departamento de Pintura, Conservación y Restauración de la Universidad de Granada.
– Begoña Carrascosa, profesora titular del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales e investigadora del Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio de la Universitat Politècnica de València.
– Jon Apodaca, técnico del Departamento de Conservación y Restauración del Museo de Bellas Artes de Bilbao.
– Fernando Carrera, catedrático en Conservación y Restauración de Materiales Arqueológicos y profesor jubilado de la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Galicia.
Entre los anteriores galardonados con este Premio Nacional figuran Tomás Antelo, María de los Ángeles Querol Fernández, María Pía Timón Tiemblo, Araceli Pereda Alonso y José María Pérez, Peridis.
















