Según este Observatorio, más de la mitad de la población internauta (51%) descarga ilegalmente contenidos protegidos por derechos de propiedad intelectual, hasta superar en 2013 los 3.192 millones de descargas ilegales (un 4,6% más que en 2012); por tipos de contenido, música lo hace el 27% (1.974 millones de descargas ilegales), películas el 43% (720 millones), libros el 21% (302 millones) y videojuegos el 9% (196 millones).

El valor total de lo pirateado online, un 6,5% mayor que en 2012, supera los 16.136 millones de euros: 6.067 millones de euros en contenidos musicales, 3.814 millones en cine, 4.418 millones en videojuegos y 1.837 millones en libros. Todos los tipos de contenido se piratean más que en 2012, a excepción de la música, que muestra un leve descenso. Los libros, por el contrario, acusan la subida más significativa, al haberse triplicado en 2013 el valor de lo pirateado con respecto al año anterior.

«Perfectamente normal»

El 70% (7 de cada 10) de los internautas ve «perfectamente normal no pagar por algo que puede obtener gratis». En lo que respecta a los “motivos prácticos”, el 59% accede a contenidos piratas por la rapidez y facilidad de acceso, y, lo que resulta especialmente llamativo, más de un 20% de los internautas considera que cuando accede a contenidos pirateados no está perjudicando a ninguna industria. Además, más del 77% afirma que sabe que piratear podría tener consecuencias legales (aunque por ahora “no pasa nada”).

Por otra parte, un 60% de los internautas aceptaría que los contenidos incluyesen inserciones publicitarias si con ello pudiera acceder a ellos sin coste alguno. Además, en el caso de que no pudiera accederse a los contenidos gratuitamente, 2 de cada 10 estarían dispuestos a pagar por ellos.

Destrucción de empleo

La piratería en España provoca grandes pérdidas económicas a la industria de los contenidos, destruye puestos de trabajo -o impide que se creeen- dedicados a producción y distribución de música, libro de ocio, películas y videojuegos, y reduce los ingresos del Estado. Según este Observatorio, debido a la piratería, durante 2013 se dejaron de crear 25.720 empleos directos (un 42% más que los que actualmente tiene el sector) y el erario público dejó de ingresar 526,2 millones de euros, un 6,4% más que en 2012.

En el estudio de este año se ha complementado el sistema de encuestas con una serie de preguntas orientadas a determinar el conocimiento por parte de los usuarios de internet de las medidas contra la piratería digital y su eficacia. A su juicio, las medidas más eficaces serían bloquear el acceso al sitio web que ofrece los contenidos (68,2%) y sancionar a las operadoras y proveedores de acceso a internet (60,2%), siendo esas dos las mayoritarias por encima de las campañas de concienciación social (53,2%), sancionar a los usuarios con multas (52,5%) y restringir el uso de internet (48%).

Medidas insuficientes

Para La Coalición, «es evidente que la a Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual no ha cumplido el cometido para el cual fue creada. Muy lejos de solventarse los problemas del primer año de funcionamiento, en 2013 su actuación se consolida como insuficiente». Carlota Navarrete, directora de esta asociación, se lamenta de que los «resultados obtenidos hasta la fecha sean tan terriblemente escasos».

Desde su puesta en marcha el 1 de marzo de 2012, las industrias a las que representa La Coalición han presentado 145 solicitudes de actuación contra servicios o páginas que suministran ilícitamente contenidos protegidos de forma masiva. La Sección Segunda de la CPI tiene pendiente de inicio aún 64 de dichas solicitudes. Del 55% restante, muchos de los contenidos han sido retirados voluntariamente al recibir la notificación de la comisión y sólo en algunos casos ha habido una resolución formal ordenándolo. Estas actuaciones han supuesto a las industrias de contenidos la retirada de 50 albumes, 67 películas, 14 libros, 21 videojuegos y 4 capítulos de series de televisión. Además, y siempre según los datos de esta asociación, «el tiempo medio de inicio de un expediente es de 400 días, en un entorno como internet caracterizado por la inmediatez y donde el interés por los contenidos es extremadamente efímero».

Mejoras en la legislación

La Coalición ha hecho un «llamamiento urgente al Gobierno y a todas las fuerzas políticas para que la tramitación en el Congreso y el Senado del proyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual pueda ofrecer medidas realmente eficaces para frenar las descargas ilegales».

Navarrete advierte de que “aún hay oportunidad para mejorar la Ley y tenemos confianza en que se puede realizar los cambios necesarios”, “el Gobierno y el Parlamento deben asumir su responsabilidad y compromiso político, aprobando una normativa que introduzca las mejoras necesarias para lograr su máxima eficacia en la persecución de la piratería”.

La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos está integrada por las siguientes organizaciones: Asociación Española de Editores y Distribuidores de Software de Entretenimiento (ADESE), Sociedad de Artistas Intérpretes Ejecutantes de España (AIE), Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual (FAP), Federación de Distribuidores Cinematográficos (FEDICINE), Productores de Música de España (PROMUSICAE), Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y Unión Videográfica Española (UVE).

Resultados del Observatorio de Piratería:

 

Respuesta del Ministerio

Apenas unas horas después de la presentación del Observatorio de Piratería y Hábitos de Consumo de Contenidos Digitales 2013, la Secretaría de Estado de Cultura envío un inusual comunicado de prensa en el que destaca que «se trata de un estudio estimativo de opinión encargado por parte interesada, que no ha sido remitido con antelación al Ministerio para poder analizarlo con rigor».

El Ministerio también se lamenta de que «en ningún caso la Coalición de Creadores o la consultora privada que ha realizado el estudio han contrastado los datos con la Subdirección de Propiedad Intelectual del MECD sobre la eficacia de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual (CPI) en términos de tiempo empleado en la tramitación de un expediente».

Según sus datos, actualmente el tiempo medio desde la presentación de una solicitud hasta su acuerdo de inicio es de 166 días y, entre 40 y 90 días su resolución desde dicho acuerdo de inicio. Además presenta el siguiente balance desde su puesta en marcha en marzo de 2012:

  • De las 406 solicitudes presentadas se han resuelto 349 expedientes, es decir, un 85,96% del total de las solicitudes presentadas; encontrándose, además, dos expedientes en fase avanzada de tramitación y 55 de ellos en fase de investigación previa (comprobaciones de identificación y verificación de las vulneraciones).
  • Se ha obtenido la retirada de contenidos por parte de un total de 162 webs, incluyendo entre éstas a 59 webs de enlaces. De esas 162 webs, 161 han retirado hasta ahora todos los contenidos identificados por la CPI que ofrecían ilícitamente y 23 han cesado por completo en su actividad.
  • En alguno de los procedimientos llevados a cabo, la resolución ha conllevado la retirada de miles de archivos con contenidos ilegales.

Cultura coincide con La Coalición en que «es necesario reforzar la protección de los derechos de autor en Internet» y señala que «ese es el objetivo de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, que introduce una mejora sustancial en el procedimiento de la CPI». Entre las medidas concretas que plantea esta reforma figuran las siguientes:

  • El impulso de la autorregulación y colaboración a anunciantes y proveedores de servicios de pago electrónico, con lo que se pretende estrangular económicamente a aquellas páginas web que incumplan el requerimiento de retirada de contenidos ilícitos, dado que se mantiene como último recurso la petición al juez de bloquear el acceso a la web.
  • La interposición de sanciones económicas –entre 30.000 y 300.000 euros– a aquellas páginas que incumplan de forma reiterada los requerimientos de la Comisión.
  • La actuación directa de la Comisión contra las webs de enlaces que localicen contenidos ilícitos ofrecidos de forma activa y no neutral.
  • La creación de un tablón de edictos electrónicos para poder notificar a páginas web que están fuera de las fronteras españolas que están alojando contenidos de forma ilegal.