En noviembre de 2007, el Consejo de Ministros aprobó el Plan Nacional de Protección del Patrimonio Arqueológico Subacuático, que establece las líneas básicas para una política eficaz de protección integral del patrimonio arqueológico subacuático desde una perspectiva tanto nacional como internacional. Desde entonces, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación han trabajado de manera conjunta y coordinada.
Lucha contra los «cazatesoros»
La magnitud del patrimonio arqueológico subacuático español demanda la coordinación de todas las administraciones competentes, especialmente la de ambos ministerios, ya que a veces las actuaciones se desarrollan más allá de nuestras fronteras.
El avance en las tecnologías de exploración subacuática de los últimos años se utiliza para la exploración de los fondos marinos pero también para expoliar los vestigios históricos que en ellos se encuentran. En este sentido, la Convención para la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático de UNESCO de 2001 prohibió el expolio y la explotación comercial del patrimonio subacuático, siendo España uno de los primeros países en ratificarla.
La reciente decisión dictada por el Tribunal de Apelación de Atlanta, en la que se reconocen todos los derechos de España sobre el pecio del Nuestra Señora de las Mercedes, es un claro ejemplo de la colaboración ente ambos ministerios, siendo España, de hecho, el primer país que se ha enfrentado judicialmente a una empresa de «cazatesoros».
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