1. Articular una política de Estado que garantice el derecho de acceso a la cultura y contribuya a vertebrar la ciudadanía, favoreciendo la cohesión social.
2. Reforzar, desde la transparencia, los instrumentos de comunicación y cooperación cultural entre las administraciones públicas y otras instituciones para promover un uso eficiente y racional de los recursos culturales.
3.  Impulsar la cultura como elemento esencial de proyección exterior de la marca España.
4. Incentivar la participación y el protagonismo de la sociedad civil en el apoyo y el fomento de la cultura.
5. Facilitar la creación, la innovación y la producción de conocimiento e impulsar la cultura en red, salvaguardando los derechos derivados de la propiedad intelectual.

Los detalles del Plan Estratégico serán ahora presentados en la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados.

Ley de Participación Social y Mecenazgo

La Comisión Delegada de Asuntos Culturales también ha acordado, en relación con el punto 4 del mencionado Plan Estratégico, continuar con la labor del grupo interministerial que está definiendo las líneas generales del borrador de la futura Ley de Participación Social y Mecenazgo. Este grupo está integrado por profesionales de los distintos campos de actividad vinculados al fenómeno del mecenazgo: social, cultural, educativo, científico, innovación e investigación, deportivo y medioambiental.

El Gobierno considera que la actual regulación, contenida básicamente en la Ley 49/2003, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, «es insuficiente para fomentar y facilitar este fenómeno».

En ese sentido, la Comisión «aspira a elaborar una ley singular y específica sobre el mecenazgo que le otorgue un mayor impulso y visibilidad. Esta nueva regulación contemplará medidas de carácter tributario y, al mismo tiempo, generará estímulos a la participación privada en actividades de interés general, como el reconocimiento público del mecenas».

Con la futura Ley el Gobierno pretende acometer la reforma del modelo de colaboración público-privada en la financiación de las actividades de interés general, permitiendo aumentar las posibilidades para que la iniciativa privada aporte ideas y recursos al desarrollo común.

El grupo de trabajo continuará trabajando en un texto articulado. Tras su finalización se abrirá un periodo de consultas públicas. Posteriormente se redactará el proyecto de ley sobre el que dictaminará el Consejo de Ministros y se trasladará al Congreso de los Diputados. 

El pasado 14 de mayo, el secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, explicó en Barcelona los detalles del borrador de este anteproyecto de ley, así como su justificación intelectual y política. «Si todo fuera bien, el texto articulado del mismo podría estar elaborado al término de este primer periodo de sesiones o al principio del siguiente», afirmó, al tiempo que explicaba que con esta nueva norma «se quiere que el mecenazgo juegue un papel que hasta el momento no ha sido explorado convenientemente en nuestro país».

Mentalidad benefactora

«Esta iniciativa -prosiguió- no pretende competir con los poderes públicos ni sustituirlos en su labor de fomento cultural, sino complementar y apoyar esa actividad a través de una mentalidad benefactora que permita a la cultura andar más libremente: liberada de los rígidos y pesados corsés que le han impuesto la política, con letra pequeña, y la subvención, con letra mayúscula». Según el secretario de Estado, «con esta nueva Ley, queremos devolver a la sociedad su protagonismo».

Lassalle recordó también que en todos los países europeos existen ya regímenes fiscales muy favorables a las aportaciones privadas de personas físicas o jurídicas, ya sea mediante incentivos fiscales o a través de la deducibilidad de donaciones en porcentajes muy superiores a los que actualmente prevé la ley española. En ese sentido puso como ejemplo el caso francés, donde este incentivo fiscal se subió en 2003 hasta el 60% para las personas jurídicas y el 70% para las físicas, lo que generó que en siete años el patrocinio privado se multiplicara por 5,3, al pasar de 150 millones de euros donados en 2004 a 683 millones en 2011.