En febrero de 2010, el Ayuntamiento de Valencia presentó demanda de ejecución de sentencia ante el TSJM a partir del cual se pretendía una resolución que anulase la Orden del Ministerio de Cultura/3631/2009 de 29 de diciembre (BOE de 8 de enero de 2010). Los motivos que planteaba el consistorio ante el tribunal eran los siguientes:

  • Que no existe tutela superior del Estado en lo que respecta al patrimonio del Cabanyal y, consecuentemente, al Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI).
  • Que el Ministerio de Cultura no consultó a la administración municipal en el proceso de ejecución de sentencia del Tribunal Supremo a partir del que se resuelve positivamente el procedimiento por expolio del conjunto histórico del Cabanyal-Canyamelar.
  • Que la orden no estaba motivada con informes técnicos.

El auto judicial no tiene en cuenta los argumentos del Ayuntamiento y confirma que el Ministerio podía ejercer la tutela: «La competencia es de la ministra [entonces Ángeles González Sinde]. Por tanto, todo lo alegado en su contra carece de fundamento». También reconoce que el fin de la orden era «velar por el patrimonio del conjunto histórico» del barrio y de la trama urbana.

Actuación correcta

Según la justicia, Cultura actuó correctamente paralizando el PEPRI, un proyecto urbanístico que pretendía abrir una avenida hasta el mar a costa de 450 edificios del histórico barrio de El Cabanyal, con una resolución «motivada y contrastada por numerosos informes técnicos».

Más en concreto, en sus fundamentos de derecho, el auto recoge: «Y aunque los informes técnicos jurídicos reseñados provenientes del Ayuntamiento y de la Junta de Gobierno del Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia son desvirtuadores del expolio, sin embargo la mayoría de los informes (…) apoyan de manera rotunda los amplios y exhaustivos informes procedentes de los Arquitectos de la Inspección de Patrimonio de la Conselleria de Cultura Valenciana, de la Sindicatura de Greuges, (…)». En resumen, el tribunal reconoce que, para elaborar la orden, se siguió el procedimiento que marca el Reglamento de la Ley de Patrimonio, y se tuvieron en cuenta por el Ministerio de Cultura un gran número de informes técnicos, de personas y organismos muy solventes en materia de patrimonio artístico.

Llamada al consenso

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha asegurado que «ya ha comenzado a trabajar con el nuevo Gobierno de la nación para continuar con el desarrollo del Plan de El Cabanyal», y que va a presentar un recurso contra la resolución del TSJM que ha avalado la orden del anterior Ministerio de Cultura. «El Cabanyal tiene un plan aprobado hace varios años, con doce sentencias que lo avalan, y con alguna actuación que han sido objeto de querella por parte del Ayuntamiento porque quien las ejecutaba no tenía competencia».

Por su parte, la Plataforma salvem El Cabanyal-Canyamelar-Cap de França ha realizado «una llamada al consenso social y a que la administración local convoque una reunión a todas las partes interesadas en el desarrollo del Cabanyal y de la ciudad de Valencia para replantear de una vez por todas el futuro de nuestro barrio. Sabemos que con el futuro del Cabanyal-Canyamelar-Cap de França nos jugamos una parte importante, muy importante, del futuro de toda la ciudad y la única forma de encontrar una rápida solución es que la administración municipal cuente con los vecinos, con los partidos políticos en el ayuntamiento, y con otras fuerzas sociales y sindicales representativas de la ciudadanía de Valencia. La quiebra de las arcas valencianas aconsejan ahora más que nunca la vía de la rehabilitación, porque ésta crea puestos de trabajo de forma inmediata y movimiento económico, al contrario que la expropiación, que le cuesta dinero al ayuntamiento y retrasa la solución».

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