Del total de las intervenciones realizadas, el 54% corresponde a productos que se encuadran dentro de la propiedad industrial, y el resto (46%), contra propiedad intelectual. 

Las vulneraciones de derechos de propiedad intelectual en el ámbito físico y digital en España generan cuantiosas pérdidas al sector de las industrias culturales, con la consiguiente destrucción de empleo y riqueza de un sector que genera cerca del 4% del Producto Interior Bruto. Asimismo, la competencia desleal que supone este tráfico ilegal de contenidos no sólo dificulta las posibilidades de desarrollo de nuevos modelos de negocio, sino que también afecta a agentes claves en el mundo de las industrias culturales, dificultando la producción y creación musical, audiovisual, literaria o multimedia, y perjudicando con ello el ejercicio del derecho a comunicar o recibir libremente nuevas creaciones.

Mercancía intervenida

El estudio se refiere, exclusivamente, a la mercancía intervenida, no incluyéndose el perjuicio económico derivado de la explotación en Internet de derechos de propiedad intelectual no autorizados por los titulares de los citados derechos.

La valoración total de la mercancía intervenida ha aumentado un 5,3% respecto a 2009 (461 millones de euros en 2010 frente a 438 millones el año anterior). Por comunidades, Andalucía y Madrid lideran el número de intervenciones totales realizadas.

Por sectores, el más perjudicado fue el de la marroquinería (28,18% del total), textil (14,4%) y juguetes (13,2%). Si bien el textil y la marroquinería son sectores tradicionales en este ámbito, es importante tener en cuenta el incremento que se ha procedido en el sector juguetes, en el que el peso de las falsificaciones es cada vez mayor con los consiguientes peligros que se producen para la salud y la seguridad.

El informe apunta como conclusiones una serie de consecuencias derivadas de la distribución ilegal de mercancías:

– Destrucción de puestos de trabajo y reducción de la inversión en innovación
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– Cierre de pequeños comercios y desaparición del tejido comercial ante la competencia desleal de la venta ambulante ilegal de estos productos.

– Riesgo para la salud y la seguridad de los consumidores.

– Disminución de los ingresos fiscales
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– Explotación de personas por parte del crimen organizado para llevar a cabo la distribución de estas mercancías.