En concreto, la familia suplica en la alegación presentada a la apertura de la fosa ante la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía que “se considere la posibilidad de habilitar los terrenos donde se encuentran las fosas como un lugar legalmente autorizado para el enterramiento, facilitando el reconocimiento y protección de la totalidad de las víctimas que allí yacen; que nuestro deseo es que no se remuevan los restos que pudieran corresponder a nuestro tío, D. Federico García Lorca; que, subsidiariamente, y en el caso de que se procediese a la exhumación de los restos, nos reservamos el derecho a identificar los de nuestro tío, D. Federico García Lorca, y a disponer de los mismos, así como el ejercicio de cuantas acciones y derechos pudieran correspondernos”.

La familia recuerda, además, que en el mismo paraje, aunque, según la bibliografía existente, no en la misma fosa, habrían sido enterrados un número indeterminado de personas (se habla de cientos o incluso miles), muertos en idénticas circunstancias.

Tres tipos de víctimas

“El expediente seguido -recoge el escrito-, en los términos en los que está planteado, puede derivar en una situación en la que, en nombre de la memoria histórica, se divida a las víctimas en tres categorías: los que sean identificados por sus familiares, que dispondrán de sus restos; aquellos cuyos restos no sean identificados, que serán trasladados a una segunda fosa, esta vez en un cementerio municipal; y, finalmente, aquellas que por estar enterradas en fosas que no han merecido el interés de la Asociación solicitante, permanecerán en aquel lugar sin protección alguna, al albur de las decisiones que en un futuro puedan adoptarse sobre la suerte de los terrenos. ¿Es eso lo único que podemos esperar?”, se pregunta la familia.

“Quizás fuera este el momento oportuno para reconocer esa realidad, y dispensarle el tratamiento que merece, garantizando su reconocimiento y protección. El Protocolo de exhumaciones señala la posibilidad de que los restos no identificados puedan ser también inhumados en el lugar autorizado por la Administración competente, como una alternativa a la inhumación en un cementerio; a nuestro juicio, si existe la posibilidad de que la Administración competente pueda autorizar esa inhumación posterior de los restos, no debiera existir ningún impedimento para que, sin necesidad de la previa exhumación, pudiera habilitarse como lugar autorizado para el enterramiento el espacio donde se encuentran ubicadas las fosas, otorgando a dichos terrenos el estatuto jurídico necesario para ello, lo que supondría no sólo el reconocimiento moral e histórico (para nosotros y para las generaciones venideras), sino también la protección de aquel paraje, garantizando su respeto y dignidad”.

La Asociación Granadina para la Memoria Histórica, a la que pertenecen los nietos de Dióscoro Galindo y Francisco Galadí, fusilados junto al poeta, solicitaron la apertura de esta fosa al juez Baltasar Garzón el 12 de septiembre de 2008. Garzón autorizó la exhumación, pero luego se inhibió en favor de los juzgados territoriales y el de Granada le devolvió la causa al magistrado por entender que se trataba de un crimen contra la humanidad y que, por tanto, no era competencia suya.

 

Federico vive

“Nunca hemos solicitado la búsqueda de los restos de Federico García Lorca -señala la familia en sus alegaciones-; creemos que Federico García Lorca es universal por su obra única, y que en ese sentido está vivo, con la vida que la memoria colectiva le presta a los grandes artistas. Por esa razón, desde la familia promovimos en su día la creación de una Fundación para el estudio y difusión de su obra, Fundación que seguimos apoyando actualmente, y de un centro cultural de muy próxima apertura. Su muerte lo ha convertido en universal de otra manera: ha llegado a ser emblema de todas las víctimas justamente por haber corrido una suerte común con muchos otros. De ahí nuestra insistencia en no singularizarlo ni apartarlo de las otras víctimas de la represión en Granada. Pero, dado que tenemos que opinar sobre una búsqueda y exhumación promovida por otros, pero que afecta, presuntamente, a los restos de nuestro familiar, hemos de decir que la Administración a la que nos dirigimos no debería adoptar una solución parcial, individualizada, que, a fuerza de ensalzar la memoria de unos (los que sean exhumados e identificados), condene al olvido a los demás. Nuestro deseo es, pues, que no se rompa el lugar donde descansan los restos, y se abra sólo para unos, sino que se adopten las medidas necesarias para preservar aquel lugar como está, dedicado a la memoria colectiva de la víctimas (de todas ellas)".