Los parlamentarios han decidido que el internauta reciba dos advertencias -una por correo electrónico y otra por correo certificado- antes de que se proceda a interrumpir su acceso a la red, al igual que la obligación de seguir pagando el abono mientras dure el corte.

Recurso socialista

El nuevo texto pasará ahora a ser examinado por una comisión parlamentaria mixta formada por diputados de la cámara alta y la baja que elaborará el texto definitivo, que será sometido a un voto final en el Parlamento la semana que viene. Esta versión debería ser sometida a ratificación en el Senado el próximo 21 de septiembre y en la Asamblea Nacional el 22.

Además, el Partido Socialista ha anunciado que volverá a recurrir el texto ante el Consejo Constitucional, que ya le dio la razón en la ley anterior ya que el texto permitía que fuera una comisión administrativa la que dictara las sanciones a los internautas que se descargaran archivos de forma ilegal. Según el Constitucional, esa decisión corresponde exclusivamente a los tribunales.

Decisión judicial

El nuevo texto acata este principio y establece que sea un juez quien imponga las sanciones, lo que ha rebajado las expectativas de los impulsores del texto. Si inicialmente esperaban proceder a unas 365.000 sanciones anuales ahora aspiran a 50.000. La sanción será decidida por un único juez y sólo pasará ante un tribunal correccional, compuesto por tres magistrados, en caso de recurso.

La nueva ley mantiene la sanción gradual, que puede ir de una suspensión del acceso a internet de un mes a un año. El texto prevé que las sanciones sean también aplicables a las descargas ilegales desde teléfonos móviles con acceso a internet.