MANIFIESTO POR LA CULTURA EN ESPAÑA

Las medidas adoptadas por el Gobierno el pasado 13 de julio sitúan irreversiblemente a España en una dirección de recesión económica y de dependencia política que no permite anticipar una salida a la actual situación de crisis económica y social; su próxima puesta en marcha afecta, además, a los futuros parados, a los futuros jubilados, a los pensionistas, a los dependientes y sus familiares, a los funcionarios, a los autónomos, a los artistas y empresas culturales…

El ataque al ya frágil tejido cultural, que a partir del 1 de septiembre quedará herido de muerte, es especialmente grave por lo irracional de su planteamiento: algunas de estas medidas, lejos de ayudar a aportar soluciones a la crisis económica, van a conducir a la extinción de una red de profesionales y empresas especialmente preparados para mejorar la calidad de nuestra convivencia; en estos momentos, el tejido cultural es el más adecuado para promover la innovación, impulsar la crítica, sustentar la cohesión social, imaginar un futuro… es decir, para contribuir de forma decisiva al diseño colectivo de un nuevo modelo económico para nuestra sociedad.

Las medidas del 13 de julio lo van a debilitar irremisiblemente, para ahondar más si cabe la crisis ética de nuestro país y el escepticismo sobre nuestra capacidad de salir juntos adelante, sin dejar a nadie en el camino. La cultura es un lugar privilegiado para dotar de credibilidad a los mecanismos colectivos de nuestra sociedad, para proponer vínculos que mejoren nuestra cohesión, para estimular procesos colectivos. Sin esa red de intereses culturales en la que se entretejen pasado, presente y futuro los proyectos colectivos son más difíciles de desarrollar.

No es posible omitir que las medidas del 13 de julio, unidas a las que se han ido adoptando cada viernes de dolores y a las líneas maestras de los Presupuestos Generales del Estado de este año, van dirigidas contra los sectores más débiles de la sociedad española y contra los diferentes colectivos que pueden obstaculizar la intención de los intereses financieros europeos de configurar una orla mediterránea de mano de obra barata y mucho suelo disponible, con el menor control democrático sobre este proceso. Y los profesionales y las empresas culturales formamos uno de los sectores que pueden oponerse, por su capacidad de crítica y su influencia social, a este proceso de autoritarismo económico.

Las medidas del 13 de julio no van dirigidas exclusivamente contra los profesionales y las empresas culturales, pero sí que van dirigidas contra nosotros, precisamente en un momento en el que, por la globalización que propician las tecnologías de la información, por la necesidad de mejorar la capacidad competitiva de los países, por el cuestionamiento de los modelos económicos tradicionales, la cultura debe considerarse como un sector estratégico, y mucho más en España, ya que es fundamental para dirigir nuestra función de bisagra entre las economías y las sociedades europea y latinoamericana. Por eso no se entiende desde la racionalidad económica el tratamiento que el Gobierno va a dar desde el 1 de septiembre al conjunto de la actividad cultural: en un momento de recesión como el actual, el consumo de bienes culturales presenta una tendencia negativa irremisible; a ello contribuirá más todavía el doble efecto de aumento de coste que representan el incremento de las retenciones de IRPF para los autónomos y el incremento de IVA para la mayor parte de bienes culturales, en algunos casos de hasta un 13 %; sumadas estas dos medidas, lejos de aumentar la recaudación por parte del Estado -lo que podría no compartirse, pero sí entenderse- va a reducirla porque va a minimizar hasta la nada la actividad cultural productiva, al tiempo que se precariza más todavía al sector, lo sitúa en una posición de difícil competitividad con el exterior y lo empuja hacia transacciones irregulares, fuera de la disciplina fiscal, sobre todo en algunos de los ámbitos de actividad. La adopción de estas medidas va a contribuir al empobrecimiento intelectual de España y va a arrojar al paro a miles de trabajadores.

En la actual situación sería comprensible que se planteara desde el Gobierno un reparto de cargas entre el conjunto de la sociedad española para “salir de la crisis”, pero este reparto solo sería aceptable bajo tres principios: que se conozcan los objetivos, que se negocien los criterios y las formas de distribución y que afecte a todos los sectores de la sociedad, con la excepción de los más necesitados. Por lo que sabemos y vamos interpretando, los objetivos no son los que aparecen en los preámbulos de los decretos, los criterios y las formas de distribución son autoritarios, no trasparentes y sectarios y los sectores afectados por las medidas son los más débiles o los más dinámicos de la sociedad española.

Por todo ello, porque nos jugamos el ser o no ser de la actividad cultural en España, nuestro trabajo profesional y nuestra capacidad de contribuir a crear conocimiento, es imprescindible que de forma conjunta y con una visión racional y global de la situación respondamos cuanto antes a las medidas anunciadas por el BOE y exijamos al Ministerio de Cultura, Educación y Deporte la puesta en marcha de otras políticas, que no solo son posibles, sino sobre todo necesarias. La actividad cultural española necesita ser impulsada, no arrojada al contenedor de material reciclable. Desde el conjunto de los profesionales y empresas culturales reclamamos la unidad de todo el sector para hacer frente con la mayor fortaleza a este conjunto de medidas que van en contra de los intereses de nuestra soberanía como sociedad.

Desde esta unidad, exigimos la retirada de las medidas que atacan a la supervivencia del tejido cultural de nuestro país, como es el incremento del IVA al 21%; reclamamos un proceso de negociación del Ministerio de Cultura, Educación y Deporte con las asociaciones representativas de los diferentes sectores para analizar la realidad económica de la cultura española y adoptar las medidas que, en la actual situación de crisis, garanticen su supervivencia y proponemos la elaboración conjunta de un Plan de Apoyo y Protección de la Cultura, hoy más necesario que nunca, como contribución de los profesionales y empresas culturales de España a la salida de la crisis. Hasta ese momento, rechazamos nuestra participación en todo acto o convocatoria promovido por el Ministerio de Cultura, Educación y Deporte como muestra de protesta ante las medidas del 13 de julio.

Para expresar claramente nuestra posición unitaria como representantes del sector de la cultura, hacemos público este Manifiesto y convocamos acciones de protesta en todas las ciudades.

Firmantes:

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Carta abierta de las asociaciones profesionales del sector de arte contemporáneo en protesta contra la subida del IVA y el incremento de las retenciones del IRPF, dirigida al presidente del Gobierno de España y al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas

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Los profesionales del arte contemporáneo vienen constatando desde hace un tiempo el progresivo desmantelamiento de estructuras básicas para su funcionamiento, con una reducción de los presupuestos de las diferentes administraciones con competencias en cultura muy superior al aplicado en otros sectores productivos de este país.

Según consta en la Cuenta Satélite de la Cultura en España, elaborada por el anterior Ministerio de Cultura, las actividades culturales y las actividades ligadas a la propiedad intelectual en el periodo 2000-2009 supusieron un aporte al VAB (Valor Añadido Bruto Total) del 3,2% y el 4,1% respectivamente. Es decir, como se indica en dicho informe, la contribución de la Cultura es “superior al VAB generado por la Energía, 2,7% de media en el periodo, siendo la aportación de las actividades vinculadas con la propiedad intelectual también superior a la derivada de la Agricultura, Ganadería y Pesca, por término medio en el periodo analizado.” El Anuario de Estadísticas Culturales 2011 elaborado por el Ministerio, indica que “El volumen de personas ocupadas en 2010 en el ámbito cultural se situó en 508.700, lo que supone un 2,8% del empleo total en España”.

Entonces, ¿cómo es posible que el Gobierno de España atente contra uno de los sectores más productivos de nuestra economía?

Tras los severos recortes aplicados a las ayudas directas a los artistas, a las instituciones públicas (museos y centros de arte), al apoyo a los centros de creación y producción artísticos y a las iniciativas de exhibición, promoción e internacionalización del arte español, ahora se añade un incremento desorbitado del IVA y de las retenciones del IRPF que afectan directamente a los artistas y a las diversas actividades de todos los agentes que intervienen en la producción y difusión artística. Esto va a suponer la puntilla para un sector fundamental en el desarrollo cultural, económico, industrial y social de España.

Precarizado ya hasta el límite el sistema público, el sector profesional de arte contemporáneo está muy afectado por el ataque contra la iniciativa privada. Las desproporcionadas subidas del IVA y las retenciones del IRPF ocasionarán un efecto devastador sobre el tejido empresarial cultural, el sector de los creadores y el mercado del arte, la condición de los autónomos (artistas, comisarios, críticos, gestores culturales….) y las PYMES, todos ellos muy dañados por la crisis económica y por la paralización de muchas colecciones públicas y corporativas.

De aplicarse la subida del IVA anunciada, un artista tendrá que facturar con un IVA del 21% (ahora es del 8%). Esto supone literalmente la desaparición del IVA reducido. La consecuencia inmediata para las galerías de arte españolas es la imposibilidad de competir con cualquier país de la Comunidad Europea. Todos ellos, sin excepción , tienen derecho a aplicar este impuesto reducido. Nosotros hasta ahora también lo podíamos aplicar y es aproximadamente un 13% de manera que la subida de septiembre será del 8%. Siempre será mucho más ventajoso comprar en cualquier otro país lo que avocará a la mayoría de las galerías al cierre o al traslado a otro país de nuestro entorno cercano.

También hay que tener en cuenta que la mayoría de los museos públicos españoles, que tienen ya presupuestos que solo les permiten mantener la actividad mínima, verán cómo esta subida del IVA limita aún más sus posibilidades de ampliar y mantener sus colecciones y de aprovechar las oportunidades que surgen en el mercado del arte, como también reducir la actividad de producción, encargo y promoción de obra de los artistas. El efecto sobre el coleccionismo privado, que sustenta en buena parte la red de galerías de arte -con un papel decisorio en la difusión del arte actual y en la subsistencia económica de muchos artistas- será aún más nocivo. A ello se añade el daño a las empresas de gestión y proveedores varios (diseño, montaje, ediciones …) de las infraestructuras culturales.

Por si fuera poco, además del perjuicio económico a un sector que aportó más del 4,6% del PIB entre 2000 y 2009 (ver Cuenta Satélite de la Cultura Española), el Gobierno de España está atentando contra el artículo 44 de la Constitución Española que proclama la obligación de los poderes públicos de promover y tutelar el acceso a la cultura. Se trata de un derecho irrenunciable defendido por la Unión Europea, en sintonía con la Declaración de la UNESCO (México 1982).

Por todo ello, los abajo firmantes exigen una retirada de las medidas propuestas el pasado día 13 de julio y se suman a la iniciativa emprendida por la Unión de Asociaciones Empresariales de la Industria Cultural para mantener conversaciones inmediatas con el Ministerio de Hacienda y la Presidencia del Gobierno con el fin de abordar el problema planteado, toda vez que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha desoído al conjunto de las asociaciones profesionales del sector del arte contemporáneo en su propuesta de creación de una mesa de trabajo para planificar conjuntamente la defensa de la cultura.

Nuestro país no puede permitirse la desactivación del arte y la cultura. Por ello el Gobierno de España ha de poner freno inmediato a la adopción de medidas imprudentes que dañarán de forma irreversible al patrimonio artístico nacional; medidas tomadas desde la instancia política, sin contar con la opinión y las contribuciones de los profesionales del sector.

Firmantes:

 

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